El presidente Andrés Manuel López Obrador busca asumir el control de los hospitales públicos que actualmente funcionan con inversión privada, justo en el momento en que más se cuestiona la capacidad del Estado como administrador de los centros de salud, luego de la muerte de la pequeña Aitana en el hospital general de zona número 18 del IMSS, en Playa del Carmen, Quintana Roo.

La decisión de adquirir o cancelar el contrato de 12 hospitales construidos y operados mediante el esquema de Asociación Público Privada (APP) podría representar otro golpe a las finanzas del país, pues en materia contractual los operadores privados tendrían derecho a una compensación mínima de 40 mil millones de pesos, además de que el costo de los servicios para hacer funcional la infraestructura tendría que ser asumido también por el Estado, otros 80 mil millones de pesos en promedio.

Según los contratos firmados con las empresas, en los hospitales concesionados corresponde únicamente al Estado la administración del personal y los servicios médicos, mientras que los privados son responsables de prácticamente todo lo demás: equipamiento y mantenimiento de las instalaciones; limpieza, desinfección y manejo de residuos; servicios de informática y telecomunicaciones; seguridad y vigilancia; provisión de alimentos; servicios de ropería y de esterilización; de suministro de gases medicinales y de laboratorios y análisis clínicos.

También es responsabilidad de los inversionistas privados el mantenimiento y operación de los elevadores. Estos son contratos de servicios hospitalarios integrados por los que el gobierno paga una tarifa de entre 300y 1,300 millones de pesos anuales dependiendo del tamaño, la capacidad y la especialización del nosocomio.

De esa docena de hospitales que AMLO ha mencionado son nueve las APP que más le interesan para renegocian dos del IMSS, cuatro del ISSSTE y tres más de la Secretaría de Salud (SSA). Entre los del IMSS, de Zoé Robledo, están el Hospital General de Zona de Tapachula, y el Hospital General de Zona en Bahía de Banderas, Nayarit, ambos operados por Prodemex de Olegario Vázquez Aldir.

El ISSSTE, que encabeza Pedro Zenteno, tiene contratadas una APP de la Clínica Hospital en Mérida, Yucatán, operada por GIA+A de Hipólito Gerard; el Hospital General “Dr. Daniel Gurría Urgell” en Villahermosa, Tabasco, también en manos de Prodemex; el Hospital General “Aquiles Calles Ramírez” en Tepic, Nayarit, que opera INVEX Grupo Infraestructura de Juan Guichard, y el Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México, contratado con Sacyr Concesiones de Rafael Gómez del Río.

Los tres nosocomios del sector salud son el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, administrado también por GIA+A; el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, bajo la operación de Grupo Marhnos, de Nicolás Mariscal, y el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, ubicado en León, operado por la española Acciona de José Manuel Entrecanales.

Si bien hay antecedentes y estadísticas que confirman que los contratos no han sido los más beneficiosos para el sector salud del país, debido a que la infraestructura concesionaria no opera a su máxima capacidad, pese a que los recursos del Estado sí se transmiten íntegros, se tiene claro que la absorción de los hospitales por parte del gobierno tampoco sería la solución, por lo que desde la Secretaría de Hacienda se recomienda principalmente un proceso de re-negociación de contratos. » @MaríoMcil