El Consejo de la Judicatura Federal ordenó reanudar actividades a partir de hoy en los tribunales y juzgados del país, por lo que sus titulares están obligados a cumplir con las disposiciones administrativas, como el control de asistencia.

En una circular, la Judicatura instruyó a las áreas administrativas a aplicar la normativa al personal que no asista a trabajar.

En sesión ordinaria, por mayoría de cuatro votos, el pleno del CJF determinó que prevalece el contenido de la circular 22/2024, emitida el 16 de octubre pasado, en cuanto a la decisión de reanudar labores de manera total en los juzgados del país.

Los consejeros Bernardo Bátiz Vázquez y Sergio Javier Molina Martínez, así como las consejeras Eva Verónica De Gyvés Zárate y Celia Maya García, reiteraron su voto sobre dicha circular.

En contraste, la presidenta de Suprema Corte de Justicia y titular de la Judicatura Federal, Norma Piña, así como los consejeros Lilia Mónica López Benítez y José Alfonso Montalvo Martínez, votaron en contra.

Molina Martínez emitió un voto concurrente, donde manifestó que hasta en tanto se tenga la información de las administraciones regionales y de la coordinación de seguridad sobre la situación que guardan los inmuebles, se tomarán las medidas correspondientes.

Tras esta decisión, trabajadores del Poder Judicial cerraron con cadenas los accesos a la sede del CJF para impedir la salida de consejeros, con la consigna “¡Hoy nadie sale!”.

Autoridades aseguraron que la consejera De Gyvés Zárate salió por otra puerta, pues no fue identificada, y que en el inmueble no estaba Bátiz Vázquez, ya que participó en la sesión a través de una videoconferencia.

“Nos obligan a reintegrarnos sin que tengamos garantías sobre nuestros derechos laborales”, reprochó su vocera, Patria Aguayo.

El viernes la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) acordó en consulta continuar el paro.

Luz verde Con votación dividida, el Tribunal Electoral aprobó que el INE continúe con la organización de la elección de juzgadores al concluir que, a pesar de las decenas de suspensiones que ordenan frenar el proceso, debe prevalecer su obligación constitucional de garantizar los derechos electorales de la ciudadanía.

“No nos estamos metiendo con las sentencias de amparo, no podríamos revocar ninguna, porque no es nuestra competencia… la Corte deberá resolver si ahora los jueces de amparo, por una situación extraña, ya pueden suspender elecciones.

“Los jueces de amparo no ordenan suspensiones electorales como nosotros no resolvemos divorcios, para decirlo así”, concluyó el magistrado Felipe de la Mata, quien tuvo a su cargo el proyecto con el que se validó que el INE acate las disposiciones de la reforma judicial.

Los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón argumentaron que la resolución debía aplazarse hasta que la Corte resuelva los asuntos en trámite y que el Tribunal no tiene facultades para intervenir en resoluciones de amparo.

Sin embargo, con los votos de Felipe Fuentes y Mónica Soto se aprobó el proyecto, que concluyó que es “constitucionalmente inviable suspender la realización de los procedimientos electorales a cargo del INE”.

De la Mata destacó que si la Sala Superior resolvió sobre el tema es porque la Corte sabe que no es procedente suspender un proceso electoral, pues va contra la lógica legal y constitucional.

Por su parte, el INE informó que retomará la organización del proceso y destacó la acción declarativa con la que se aclaró que entre dos contradicciones el Consejo General debe cumplir con la Constitución.

“Esta resolución trae claridad para que el INE cumpla su función de organizar elecciones y garantizar los derechos”, dijo en un comunicado, del que se deslindó la consejera Dania Ravel.