Ante una posible desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en los próximos meses, el futuro del derecho tanto a la información como a la transparencia para la ciudadanía es incierto, y esta responsabilidad podría recaer, principalmente, en los órganos garantes locales de las entidades federativas.

Los comisionados de órganos locales señalan que, pese a la desaparición del INAI, el derecho a la información y la transparencia es un derecho constitucional, que no puede ser vulnerado.

Sin embargo, voces de la academia señalan que la discusión en torno a la reforma para mejorar el derecho a la información se debe alejar de la política y centrarse en hacer este ejercicio más accesible a la ciudadanía.

Es importante recordar que, en febrero de este año, el expresidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión un paquete de reformas a la Constitución, entre estas, la correspondiente a la desaparición de los organismos autónomos.

Además del INAI, otros órganos autónomos que podrían desaparecer son la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El INAI es el órgano que, a nivel federal, garantiza el cumplimiento de las instituciones públicas a transparentar y difundir tanto el ejercicio del erario como sus actividades y funciones. Si éste desaparece, se terminará un ciclo de 22 años en el que se ha logrado promover la difusión del quehacer gubernamental.   

Órganos locales, ¿los nuevos responsables?

El comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX), Arístides Rodrigo Guerrero García, aseguró a Reporte Índigo que la reforma no va a significar un retroceso para el ejercicio del derecho a la información de los capitalinos.

“En el caso de la capital, el Congreso de la Ciudad de México puede determinar si sigue existiendo o no sigue existiendo el órgano, que es la libertad de configuración legislativa que tiene que ver con que cada entidad puede decidir cómo conformar sus instituciones”, detalló.

Guerrero García señaló que, aunque desaparezca el INAI, los estados y la capital tienen órganos garantes que van a seguir funcionando y fortaleciendo.

“La expectativa es que la reforma constitucional pudiera abrir un amplio debate para que, en aras de fortalecer el federalismo, que cada estado decida la continuidad del órgano garante”, indicó.

Por otra parte, el comisionado abundó en que la Plataforma Nacional de Transparencia (que homogeniza el derecho a la información y permite acceder a información de los 32 estados desde un solo portal) debe seguir existiendo.

“Debe seguir existiendo, no sé si bajo un nuevo ente, o la Agencia Digital, pero en caso de que ya no esté disponible, está la posibilidad de rehabilitar las plataformas locales como era el InfomexDF en la Ciudad de México”, añadió el comisionado, quien recalcó que se deben fortalecer las herramientas con el uso de la inteligencia artificial.

Desaparición del INAI, antes de diciembre

El pasado 14 de octubre, el diputado federal de Morena, Ricardo Monreal, informó que la reforma para desaparecer organismos autónomos seguía en la agenda después de la reforma judicial y esta podría ser aprobada antes del mes de diciembre próximo.

"Lo de los organismos autónomos está en la agenda; ahí vamos paso por paso. Llevamos hasta ahora, siete reformas constitucionales del paquete original que presentó el presidente López Obrador el 5 de febrero de este año, siete de 18, dado que la electoral se suprimió", declaró en entrevista con medios de comunicación.

El 17 de octubre, la presidenta, Claudia Sheinbaum, anunció la transformación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que, además de vigilar la no comisión de actos de corrupción, iba a asumir las funciones de transparencia y rendición de cuentas.

Dicha secretaría será encabezada por Raque Buenrostro y sus ejes serán dignificar la carrera del servicio público a través de la formación en integridad; acompañamiento preventivo a las instituciones y blindar programas prioritarios desde el comienzo para inhibir la corrupción; y modernizar la Administración Pública Federal con ayuda de la digitalización y sistematización que realizará la Agencia de Transformación Digital.

También serán tareas de la nueva dependencia federal el consolidar compras públicas transparentes a precios justos; la transparencia proactiva; sumar a la sociedad y al sector privado en el combate a la corrupción; combatir la impunidad; enfocar a los Órganos Internos de Control en áreas de mayor impacto y relevancia; y fortalecer la cultura de la denuncia.

Despolitizar la discusión

La discusión sobre el mejoramiento del acceso a la información y transparencia se debe alejar de la arena política y centrarse en volver este derecho más accesible para la ciudadanía, refirió en entrevista para este medio, Christian Roberto Salazar Montiel, académico y responsable del área de Transparencia de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El especialista recordó que, desde que se crearon las leyes de transparencia, han existido muchos avances en el tema del derecho a la información y, actualmente, la ciudadanía puede conocer el ejercicio de los recursos.

“Debemos de alejarlo de las discusiones políticas, para ver qué podemos mejorar, para ver que le sea más fácil a la gente solicitar información porque los políticos de un lado y del otro plantean un discurso en torno a los que les conviene y no lo que le conviene a la ciudadanía”, sostuvo Salazar Montiel.

Sin embargo, mencionó, que los procesos administrativos para ejercer el derecho a la información parecen más un proceso de abogados, que un trámite cotidiano.

El académico enfatizó que la discusión de construir un nuevo ente garante debe estar centrada en hacer una institución con una estructura sencilla y práctica para las personas.

“Es una estructura muy compleja que al ciudadano no le queda muy claro cuáles son las atribuciones del INAI y de los órganos garantes estatales”, aseveró.