En el plan de la presidenta Claudia Sheinbaum sí está promover una reforma fiscal de fondo, la cual se comenzará a delinear y consensuar en 2025; sin embargo, la prioridad para incrementar los ingresos del gobierno el próximo año apunta directamente a las aduanas del país.

A través de las 50 aduanas marítimas y terrestres del país –las cuales son controladas por la Secretaría de Marina y la Defensa desde mayo del 2022– se recauda más de 1 billón de pesos al año, lo que las convierte en uno de los principales puntos para incrementar la captación de recursos y financiar el enorme gasto público propuesto para el 2025.

Según los cálculos del gobierno, con un poco de mano dura y decisión de combatir el contrabando y la corrupción, se podrían aportar unos 500 mil millones adicionales. Sin embargo, esa tarea requiere de coordinación de buena parte de las dependencias de gobierno y, sobre todo, que las Fuerzas Armadas y la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) vayan en serio contra la elusión y otros delitos que se cometen dentro de sus zonas de control.

Uno de los primeros intentos para darle forma a ese combate al contrabando y el comercio ilegal de mercancías fue el “Operativo Limpieza”, llevado a cabo la semana pasada en la Plaza Izazaga 89. Sin embargo, este es apenas un golpe al eslabón final del delito: el punto de comercialización.

La estrategia en su conjunto considera detectar y desmantelar toda la cadena de distribución y almacenaje, además de cerrar las puertas de entrada que estas mercancías tienen en las aduanas.

El aparato que encabeza Marcelo Ebrard desde la Secretaría de Economía enfoca sus baterías hacia los operadores aduaneros, y aunque en el anuncio oficial se reveló que la lupa se pondrá sobre cinco agencias aduanales, las investigaciones se abrieron al total de operadores de comercio exterior, responsables de hasta el 50% de los ingresos de los productos apócrifos al mercado mexicano.

En esta tarea apoya el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial(IMPI),ahoradirigidoporSantiago Nieto, quien desde su paso por la UIF detectó diversas redes de corrupción en las aduanas.

Los principales puntos de entrada de estas mercancías son las aduanas de Manzanillo, en Colima, y de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, aunque en realidad los productos provenientes del mercado chino arriban por la gran mayoría de puntos de intercambio comercial; por ejemplo, la zona libre de Belice es una de las rutas favoritas de los comerciantes para introducir productos imitación de marcas conocidas.

La participación de las Fuerzas Armadas en las tareas aduanales ha contribuido a congelar el crecimiento acelerado que registraba todos los años el arribo de estos productos al país, que superaba el 30%. La afectación para el comercio formal se calcula en 60 mil millones de pesos. No obstante, se requiere de una mayor coordinación de las autoridades civiles y militares para hablar realmente de un combate al contrabando y a la piratería, y no solo golpes mediáticos a inmuebles donde se comercializan productos asiáticos.

La estrategia para frenar el flujo de mercancías de China es imperativa frente al retorno de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos. La percepción del republicano y su futuro gabinete es que una buena parte de los productos mexicanos que ingresan a Estados Unidos con los beneficios del T-MEC son en realidad manufacturados en el país asiático. El déficit comercial de más de 100 mil millones de dólares que tiene México con China favorecen esa narrativa.

Hay otro trabajo que las autoridades mexicanas buscan concretar en esa idea de golpear al negocio de la piratería: la detección e intervención de las bodegas de almacenamiento de los productos pirata, aquellas donde se cita a los compradores interesados en obtener las mercancías a granel. Muchas de éstas están ubicadas en el centro de la Ciudad de México, casi todas cercanas a la zona de Tepito. •

La prioridad para incrementar los ingresos apunta a las aduanas del país.