Apartir del 8 de febrero, miles de candidatos inician su camino en busca de ser elegidos por la ciudadanía en México como jueces, magistrados o ministros.

Se trata de un proceso histórico que tendrá lugar por primera vez en la historia del país.

Las inconsistencias en el proceso de selección de las personas que ocuparán una plaza en el Poder Judicial de la Federación (PJF) como impartidores de justicia han generado señalamientos de todo tipo, principalmente debido a la falta de transparencia y al corto tiempo en que se llevarán a cabo estas convocatorias.

Desde el inicio, esta contienda electoral comenzará sin que los candidatos hayan realizado siquiera una precampaña, como suele ocurrir en los procesos electorales a nivel nacional.

Los candidatos tampoco contarán con recursos oficiales para promocionarse durante los próximos meses en busca de la preferencia del electorado de todo el país, por lo que se verán limitados a recursos propios y al apoyo de otros sectores u organizaciones.

Por ello, no se sabe a ciencia cierta de dónde saldrán los recursos que utilizarán en estos meses para posicionarse entre la ciudadanía y dar a conocer sus propuestas como impartidores de justicia.

Esta situación ha generado fuertes cuestionamientos sobre cuál será la ruta que seguirán durante el proceso electoral al no contar con los apoyos que regularmente se ofrecen a los aspirantes a un puesto de elección popular.

Por si fuera poco, especialistas en materia electoral advierten que la falta de candados abre la puerta a un financiamiento ilegal o sujeto a otro tipo de presiones para quienes aporten dinero, como la iniciativa privada o partidos políticos que podrían impulsar a un candidato en específico que sirva a sus intereses.

Y es que los abanderados que buscarán una plaza en el PJF lograron quedar inscritos en una lista preliminar con solo acreditar un título universitario en derecho y un mínimo de cinco años de ejercicio profesional.

También se les solicitó únicamente cinco cartas de recomendación de vecinos, además de un ensayo que debían entregar a los comités evaluadores.

Y es que, la falta de filtros en esta lista inicial desató la indignación de la oposición, de funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) y de despachos legales de todo el país.

Estos sectores argumentaron que los perfiles seleccionados que comenzarán a trabajar el segundo semestre del año deben cumplir con los requisitos de idoneidad y experiencia, dado el carácter de las funciones que asumirán próximamente.

Hasta antes de la reforma constitucional aprobada el año pasado en el Congreso de la Unión, para acceder a una plaza de juez o magistrado en los circuitos judiciales de la República Mexicana era necesario aprobar varios exámenes de oposición, contar con al menos diez años de experiencia y superar otros filtros.

No obstante, varios de los perfiles inscritos en este proceso han sido señalados por su cercanía con partidos políticos como Morena o con figuras de la iniciativa privada.

Se encienden las alarmas Tras siete horas de discusión y deliberaciones, el Senado de la República concluyó en la recta final de enero el proceso de insaculación para conformar la lista de candidatos a jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Uno de los aspectos que más polémica generó en esta fase final de selección de aspirantes para el Poder Judicial fue la inclusión de personas que obtuvieron un “pase automático” por criterios de inclusión.

Es decir, estas personas no fueron sometidas al proceso de insaculación, por lo que tampoco deberán comprobar experiencia en el ámbito judicial. De acuerdo con el bloque opositor y otros sectores, estos perfiles que lograron burlar estos filtros son justamente los que tienen historial en el gobierno y la administración pública.

Entre los aspirantes que obtuvieron un pase automático sobresalen nombres como Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.

También se encuentra el de Marisela Morales, extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR); así como Ana María Ibarra Olguín, exsecretaria de Estudio y Cuenta del ministro en retiro Arturo Zaldívar, hombre cercano a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

También logró salir en esta lista Dora Alicia Martínez Valero, exdiputada del PAN; Jazmín Bonilla García, con trayectoria en tribunales administrativos; Lutgarda Madrigal Valdez, exdiputada priista; y Magda Zulema Mosri Gutiérrez, expresidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Completan la lista Olivia Aguirre Bonilla, excomisionada en Chihuahua, y Rosa Elena González Tirado, exconsejera de la Judicatura Federal.

El proceso de elección ha estado plagado de errores por los legisladores que han tenido diversos retrasos.

Ante esta situación, el senador Gerardo Fernández Noroña expresó en redes sociales la necesidad de “politizar el proceso” para evitar la selección de aspirantes contrarios a la Cuarta Transformación.  

"Buscaremos adherirnos a las normativas establecidas y garantizar los derechos de los trabajadores. Haré uso de las redes sociales para dar a conocer mis propuestas. En este proceso, lo más valioso será la integridad y la experiencia de cada candidato” Jesús Eduardo Montes Aspirante que obtuvo una candidatura

Las fechas clave

El próximo 1 de junio, los mexicanos votarán para elegir más de 800 cargos del Poder Judicial de la Federación, incluyendo jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ayer 4 de febrero se llevó a cabo la insaculación pública por parte de los comités, con el objetivo de garantizar la paridad de género en la selección de candidaturas.

Posteriormente, mañana 6 de febrero, las Cámaras del Congreso de la Unión revisarán y aprobarán los listados, los cuales serán devueltos al CEPL para su validación.

El 8 de febrero, el CEPL remitirá al Senado los listados finales aprobados, concluyendo así este proceso clave en la designación de representantes.

La falta de filtros en esta primera etapa ha provocado indignación entre la oposición, funcionarios del PJF y despachos legales de todo el país

En las listas de candidatos a personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación (PJF) aparecieron perfiles que no lograron acreditar el examen para el curso básico de secretarios