Pues sí. Las balas son una mentira neoliberal, una creación de Felipe Calderón, de Enrique Peña y hasta del incómodo líder del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, por aquello de la colusión del gobierno con los malandros, tal y como lo ha de asegurar en los hechos la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Y para demostrar la falsedad de las diatribas opositoras, la mandataria optó por comprar para la policía estatal chalecos antibalas con blindaje Número 7… nivel inexistente pero que —¡oh, audacia!— no podrán darse cuenta ni los adversarios, pero tampoco los policías. Ni modo, así es la trasformación.

La directriz, nos dicen, se emuló a través de la Secretaría de Administración y Finanzas del campechano gobierno para adquirir chalecos antibalas de la firma Armor Life Lab. El proveedor aseguró en las especificaciones de los mismos cumplen con el estándar de seguridad NIJ0101.07 del Instituto Nacional de Justica de Estados Unidos (NIJ por sus siglas en inglés) aunque, pequeño detalle, esa categoría de productos aún no están en el mercado.

Esa es una de las virtudes de la transformación tropical: nadie se va a enterar que el estándar NIJ0101.07 fue oficializado y publicado a finales de 2023, razón por la cual aún no existe una lista de productos que cumplan con sus especificaciones; es más, los laboratorios aprobados por NIJ para realizar las pruebas balísticas recién comienzan la capacitación de personas especializadas en los nuevos procedimientos.

Ese proceso de certificación podría tardar entre 6 y 8 meses o más…, pero, maravilla, el equipo ultra que recontra moderno ya está en Campeche como usted recordará, sucedió con las vacuas Sputnik V contra el Covid-19 y que ya nadie —gracias Hugo López-Gatell— supo que sucedió.

Sin embargo, los incómodos pero certeros expertos en la materia aseguran que el estándar de seguridad vigente es el NIJ0101.06, en el mercado de Norteamérica establece los requerimientos mínimos de resistencia balística de los artículos y prendas de protección usados por los cuerpos policiacos… y que cualquier nomenclatura diferente podría indicar un acto de falsificación, como sucede en el caso de los chalecos comprados por el gobierno de Layda.

Lo malo para esa pretensión tropical es que es público que la marca Armor Life Lab ha intentado colocar sus chalecos “pirata” entre los efectivos de la Guardia Nacional, que comanda Hernán Cortés, pues participó el año pasado en la licitación LA-36-H00-036H00998- T-139-2024, para vender casi 30 mil de esas prendas a la corporación bajo el control de la Sedena con una muestra con la leyenda de estándar NIJ0101.07.

Una leyenda que las fuerzas armadas detectaron como marca truqueada…, pero bueno, total, ni quien se entere en Campeche.

Blando enrola personal doméstico ante Condusef.

Y entrados en asuntos relacionados por debajo del trópico de cáncer, la novedad son las protestas imaginarias. El miércoles José Luis Blando, presunto defraudador en el ciberespacio de las Fintech en su alianza con el presunto tecnólogo Joel Domínguez, orquestaron un microtongo ante la Comisión Nacional de Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) al enviar a 4 personas —al parecer mujeres— para protestar contra la empresa digital AlquimiaPay.

Nos dicen fuentes certeras que ante Oscar Rosado, mandamás de Condusef, las cuatro personas que participaron no presentaron documento alguno de queja… o sea que sólo fueron para armar “tomarse la foto” para respaldar a Blando y Domínguez. Y como tontos útiles, desorientar el asunto real: ambos personajes están acusados tal cantidad de daño patrimonial y en procesos de transacciones “extrañas” (de las que investiga la Fincen, que encabeza Andrea Gacki, encargada de combatir el Lavado de Dinero en EU) que se vieron obligados a pagar una supuesta protesta a quienes limpian sus magnificentes domicilios.

El fondo del asunto es claro. Tanto la Condusef, como los expertos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, saben que los trucos baratos no exoneran de las acusaciones culposas a Blanco y Domínguez.

La historia, como sucede en Internet, no se acaba.

Calica, tronó el cuete. La “nueva relación bilateral” entre México y Estados Unidos tropezó en todos los sentidos y quién sabe para dónde va y qué develará: la instrucción que Sheinbaum dio a Alicia Barcena, titular de la Semarnat, es para que hable con Vulcan Material, compañía que lleva Tom Hill.

Y según las alternativas, el equipo del gobierno de México sabe de la estrecha relación que tiene Vulcan con Donald Trump y del problema que le heredó un Andrés Manuel López Obrador que nadie puede decir en donde está .

ANAM, aguas. Hay sospechas sobre la contratación de servicios de limpieza a instalaciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México —ANAM— que conforme al proceso No. IA-06-H00- 006H00999-N14-2025 que dejó la anterior administración de André Fullón. Según el concurso los participantes tenían que visitar obligatoriamente al 75% de los 140 inmuebles de la ANAM en 48 horas. Un juego que vale decenas de millones de pesos. Ojo.

Los verdes pensaron en Mundial 2026. En el Tribunal de la CDMX, de Rafael Guerra, parecen estar de acuerdo con el Partido Verde en el Congreso para dar una pausa a sus planes de reformar la ley de turismo capitalina, ese adefesio expropiatorios que dejó Martí Batres contra las plataformas digitales. Los verdes, a través de Jesús Sesma, propusieron que al limitar al 50 por ciento de las noches del año la renta de algún inmueble deberá suspenderse para enfrentar la demanda habitacional que generará el Mundial de Futbol 2026 que calcula el arribo de más de 5 millones de turistas y una derrama superior a los 500 millones de dólares.

Una solución real, no un decretazo en fuera de lugar, que tendría que poner a pensar a los sabios de Clara Brugada.

Con pena, pero con gloria, esta columna se toma el benemérito puente con todo y columnista. Amenaza con regresar el miércoles entrante.