En el juego del poder, a veces se recurre a estrategias sucias para mantener el control. En el caso del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se ha revelado que se utilizó el software Pegasus para espiar a 456 personas entre abril y mayo de 2019, convirtiendo a México en el país con más víctimas de este programa espía en ese periodo. Esta jugada sucia ha generado un gran revuelo y ha puesto en duda la integridad del gobierno mexicano.

Esto, invariablemente nos lleva a recordar un dato: "ya déjenlo en paz... Pero no, no es posible dejar "en paz" al político de Macuspana, porque a cada momento salen a relucir nuevas evidencias de que sí miente...

La información fue obtenida por la organización Artículo 19, a partir de documentos judiciales del caso que enfrenta a WhatsApp contra NSO Group, la empresa israelí que desarrolló Pegasus. Durante una audiencia, representantes de NSO confirmaron que México figura entre sus clientes, contradiciendo las declaraciones del ahora expresidente López Obrador, quien negó haber recurrido a prácticas de espionaje durante su administración.

Esta sencilla revelación es como descubrir que un jugador ha hecho trampa en una partida de póker, utilizando car-

tas marcadas para ganar ventaja.

El impacto que el espionaje ilegal tiene graves consecuencias para las víctimas, incluyendo: la violación de la privacidad y la pérdida de confianza en las instituciones gubernamentales.

Otro impacto inmediato de la práctica ilegal es la consecuente persecución política y la represión de la libertad de expresión que generan miedo y desconfianza en la sociedad, afectando la cohesión social y la estabilidad política.

Las organizaciones Artículo 19 y R3D han sido clave en la investigación sobre el uso de Pegasus en México. Su trabajo ha permitido descubrir la escala del espionaje estatal y ha puesto en evidencia la falta de transparencia y rendición de cuentas en el gobierno. La investigación también ha revelado que el contrato para el uso de Pegasus fue firmado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedeña) con la empresa Comercializa-dora Antsua, que tiene los derechos exclusivos de venta de Pegasus en México.

La consecuencia de este espionaje ilegal es la erosión de la confianza en las instituciones gubernamentales y la percepción de que el gobierno está dispuesto a utilizar cualquier medio para mantener el poder. Esto puede tener graves consecuencias para la democracia y la estabilidad política en México. La Fiscalía General de la República (FGR) ha informado que solicitó órdenes de aprehensión relacionadas con el uso de Pegasus, aunque hasta el momento no se han dado detalles sobre responsables o avances del proceso.

La lección que se puede aprender de este caso es que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para prevenir el abuso de poder y proteger los derechos humanos. Es importante que las instituciones gubernamentales sean transparentes en sus acciones y que rindan cuentas por sus decisiones. Sólo así se puede garantizar que el poder se ejerza de manera responsable y que se respeten los derechos de los ciudadanos.

¡Ciaooo!