El Senado dio a conocer la lista de 26 candidatos a cargos dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF) que fueron impugnados el pasado domingo, entre los cuales están varias personas con señalamientos por emitir resoluciones favorables a miembros de la delincuencia organizada, otras con antecedentes penales y otras más por no haber acreditado tener un promedio de al menos ocho puntos durante su formación académica.

En la lista enviada al Instituto Nacional Electoral (INE) por los presidentes del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, no aparecen varios aspirantes que, a juzgar por los cuestionamientos que se han hecho públicos, no cumplen con el requisito de tener buena reputación.

Es el caso de César Gutiérrez Priego, quien aspira a ocupar un lugar dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo fue señalado por “mala reputación” por un exsargento del Ejército, quien envió un escrito al INE para solicitar el retiro de su candidatura.

El instituto se declaró incompetente para resolver la petición, pero el pasado jueves el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le ordenó realizar un análisis y pronunciarse sobre el caso, lo cual aún está pendiente.

Tampoco aparece Job Daniel Wong, señalado por diversos colectivos como líder de la Iglesia La Luz del Mundo, y como uno de los defensores de Naasón Joaquín García, el exdirigente de esta asociación religiosa, sometido a proceso penal en Estados Unidos por abuso sexual contra tres menores de edad.

Entre los impugnados por el Congreso tampoco está Nicollino Cangiamilla, quien compite para el cargo de magistrado del Quinto Circuito de Sonora y a quien el colectivo Ni una más Hermosillo lo acusa de diversos crímenes como responsable del sistema penitenciario en ese estado.

En cambio, entre las candidaturas que el Congreso pidió tirar están la de Andrés Montoya García, en algún momento imputado por desaparición forzada de personas en agravio de un periodista de Sonora, y la de Julio Veredín Sena, quien exoneró a Pío López Obrador, aunque la impugnación es porque otorgó amparos a miembros de la delincuencia organizada.

De entre las 26 candidaturas impugnadas el pasado domingo, no hay una sola que haya sido abiertamente promovida por personalidades de Morena o que sea cercana a algún gobierno emanado de la 4T.

Las postulaciones impugnadas por los presidentes de las cámaras del Congreso fueron organizadas en tres rubros: mala reputación, antecedentes penales y promedio académico insuficiente.

En el primer rubro fueron enlistados Jesús Humberto Padilla Briones, aspirante a juez de distrito, de quien se presume que en algún momento fue puesto a disposición por portación de arma de fuego y delitos contra la salud, y Francisco Herrera Franco, por tener vínculos con integrantes de la delincuencia organizada.

Además, Leopoldo Javier Chávez, propuesto por el Legislativo, quien ha sido imputado por delitos contra la salud y aparece en los registros oficiales del Gobierno de Estados Unidos como exconvicto, entre otros.

Dentro del segundo rubro se impugnó la candidatura de Alejandro Tlacuáhuac Zitlalpopoca, quien aspira a ser magistrado de Circuito en Puebla, quien fue imputado por el delito de abuso sexual, y la de Ángel Antonio Villegas Cortés, quien busca ser juez de Distrito en Veracruz, acusado formalmente de los delitos de amenazas y lesiones.

En este paquete también se encuentran Noel Castro Melgar, quien busca ser juez de Distrito en la Ciudad de México, y fue imputado por los delitos de amenazas y lesiones, y Arturo César Morales Ramírez, quien busca una magistratura de Circuito, también en la capital del país, y sobre quien supuestamente hay una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada en la hipótesis de delitos contra la salud.

Además, fue imputada la candidatura de Jesús Karina Almada Rábago, quien aspira a un cargo como jueza de Distrito en Sonora, y quien fungió como abogada de un procesado identificado como D.M.L., a quien se le relacionó con el Cártel de Sinaloa y fue acusado “de los delitos de delincuencia organizada, secuestro, contra la salud, posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea”, según el documento que se dio a conocer ayer.

En el paquete fue incluida María de Jesús López Guzmán, aspirante a jueza de Distrito en Chiapas, quien “fungió como abogado defensor del procesado D.M.L., el mismo del caso anterior.

En cuanto a quienes de entrada no cumplieron con el requisito de haber obtenido un promedio mínimo de ocho al cursar la carrera de Derecho, fueron impugnadas ocho candidaturas.

 Los aspirantes que están en este supuesto son Arturo Manuel Fernández Abundis, Elva Regina Jiménez Castillo, Juan Hernández Rodríguez, Raúl Miguel Gaspar Pech Martínez, Joaquín Flores Ruiz, Porfirio Aldana Mota, Alejandra Ramírez de La Vega y Mario Alberto Parada Cerón.

Estos candidatos, entre los cuales tres aspiran a ser magistrados y cinco a jueces de Distrito, obtuvieron calificaciones de entre 7.0 y 7.9 y todos ellos fueron postulados por el Comité de Evaluación del Ejecutivo.

De acuerdo con el documento difundido ayer, de las 26 candidaturas que fueron impugnadas formalmente por el Congreso, 17 fueron avaladas por el Comité del Poder Ejecutivo; cinco por el del Legislativo; tres por el del Judicial y una conjuntamente por el Ejecutivo y el Judicial.

En el escrito enviado al INE, los promoventes advirtieron que permitir el avance de personas con faltas éticas, bajo rendimiento académico o vínculos con investigaciones penales “sería una omisión grave que pondría en entredicho la legitimidad del nuevo esquema de justicia”. EL INE habilitó el sitio web Conóceles, para que la ciudadanía pueda onsultar los perfiles de más de 3 mil aspirantes.